Incendio de la Cinemateca Brasileira: los siniestros no son tan “naturales”

por Dr. Roque González Galván
Profesor UNAM (México), miembro Sistema Nacional de Investigadores (México), co creador (junto a Octavio Getino) de dos observatorios latinoamericanos de cine; dos libros, docenas de papers académicos y capítulos en compilaciones publicados en América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá.

La UNESCO califica a los desastres como “emergencias naturales” ―erupciones volcánicas, terremotos, maremotos, inundaciones, tormentas, etc.― y “emergencias artificiales” ―incendios, terrorismo, guerras, vandalismo, robos, tráfico ilícito, etc.

Sin embargo, para los geógrafos medioambientales, como el eminente geógrafo y académico escocés Neil Smith, no existe tal cosa como un desastre natural. La supuesta “naturaleza” de los desastres se convierte en un camuflaje ideológico para dimensiones sociales ―y prevenibles―, que oculta intereses sociales específicos.

Como señala Smith, la negación del supuesto origen “natural” de los desastres no soslaya los procesos naturales: terremotos, tsunamis, tormentas, sequías, huracanes, entre otros eventos de la naturaleza, precisan del conocimiento de geofísicos, físicos en geografía y climatología. Pero en los eventos climáticos, las causas naturales no están totalmente separadas de lo social.

Países como México utilizan el concepto “desastre antropogénico”, refiriéndose a aquel que es causado por el hombre, pero suele restringirse a los casos de contaminación, explosiones, incendios, etc. 

También podríamos plantear el concepto “antropo-social”, aquel que involucra las maneras que se dan los humanos para administrar, o dejar de administrar, distintos bienes, derechos y patrimonios de la humanidad, como pueden ser las políticas de retiro del Estado, dando de baja derechos humanos, culturales o patrimoniales, desdeñando normativas universales en pos de acciones micro focalizadas que, en medio de desregulación en favor del mercado, terminan siendo gotas milimétricas en medio de crecientes dramas sociales.

El 29 de julio pasado, la Cinemateca Brasileira -la quinta mayor del mundo-, ubicada en la ciudad de San Pablo, sufrió un incendio que mutiló gran parte del patrimonio cinematográfico de ese país. Este fue un desastre anunciado por las políticas de brutales recortes y desmantelamiento del sector cultural, en general, y cinematográfico, en particular, operado por el gobierno de Jair Bolsonaro -aunque los recortes y la desidia hacia el sector vienen de gobiernos anteriores.

Tal como sucedió con la instauración del neoliberalismo en Brasil por parte del gobierno de Fernando Collor de Mello -presidente que asumió en 1990 y fue depuesto en 1992-, una de las primeras medidas tomadas por la administración Bolsonaro fue una nueva extinción del Ministerio de Cultura. Una crisis institucional, económica y política se instauró en el sector audiovisual en función de la parálisis de las leyes de incentivo, de la interrupción de las convocatorias del Fundo Setorial do Audiovisual -el principal mecanismo de fomento cinematográfico y audiovisual del país-, y en la disputa por los cargos políticos y las tentativas de censura por parte del gobierno. Todo este escenario fue agravado por la pandemia mundial del covid-19.

Brasil es el quinto país con el territorio más extenso del mundo ―el mayor de América Latina―; cuenta con el octavo PIB más grande a nivel global. Este país posee una importante tradición cinematográfica y audiovisual, con la primera legislación latinoamericana de protección al cine (cuota de pantalla) establecida ―con un tibio primer antecedente― en 1932. Los antecedentes de la Cinemateca Brasileira se remontan a 1940 con la creación del Clube de Cinema de São Paulo; luego de persecuciones por parte de la dictadura militar, la institución se consolida a partir de 1946, y en 1947 pasa a formar parte de la FIAF (en 1956 adquirirá su denominación actual).

La Cinemateca Brasileira posee alrededor de 250 mil rollos de filmes, que corresponden a 44 mil títulos de todos los períodos de la cinematografía y del audiovisual nacional.

Desde el 31 de diciembre de 2019, el gobierno de Jair Bolsonaro no convocó nuevas licitaciones para gestionar la Cinemateca Brasileira. La gestión se tornó extremadamente dificultosa, con servicios básicos como la luz, o como los sueldos de los 150 empleados, sin pagar ―a pesar de ello, estos técnicos seguían realizando sus laborales para proteger el patrimonio contenido en la institución durante décadas (se organizaron distintas colectas de recursos para que, en plena pandemia por covid-19, estos trabajadores y sus familias pudieran subsistir).

El 7 de agosto de 2020 no solo que el gobierno nacional prosiguió con su asfixia de recursos, sino que hasta envió a la policía para exigir a los empleados de la Cinemateca que les entregaran las llaves del establecimiento bajo amenaza de uso de la fuerza pública: a la vez que se cerró la institución se despidió oficialmente a todos los empleados ―muchos de ellos con décadas de formación y experiencia en la institución―.

Precisamente, la institución ya venía con crisis de gobiernos anteriores. En 2013 la entonces ministra de Cultura del gobierno de Dilma Rousseff, Marta Suplicy, apartó al equipo que coordinaba la institución, desmontando la estructura de gestión que existía desde hacía años. La ministra alegó un esquema fraudulento que nunca se comprobó. Ni entonces ni posteriormente el gobierno hizo nada para suplir a esos técnicos desplazados: más aún, con los años se fueron despidiendo a más cantidad de cuadros técnicos calificados, fundamentales para la preservación del acervo.

En 2018 se denunció en la Justicia el atropello en contra de la autonomía técnica, administrativa y financiera de la institución, estipulada en 1984 por parte del Estado federal brasileño, con el fin de impedir que se desvirtuaran las funciones de la Cinemateca Brasileira.

En 2019 el gobierno de Jair Bolsonaro designó a un coronel del Ejército, sin ninguna experiencia en el ámbito cinematográfico, como uno de los principales funcionarios de la Cinemateca ―en otra institución dependiente del Estado federal, como el Centro Técnico do Audiovisual, Bolsonaro designó como su titular a Edianne Paulo de Abreu, una dentista amiga del entorno del presidente, alguien sin ninguna experiencia en actividades cinematográficas (sin embargo, en octubre de 2020 la Corte Suprema no permitió esta designación)―. Otros militares y políticos conservadores sin ninguna experiencia en el sector cinematográfico, habían sido incorporados en 2019 en distintos cargos directivos de la Cinemateca Brasileira, en donde realizaron actividades persecutorias, policíacas, de censura en contra de empleados y profesionales, llegando a organizar una muestra de cine que buscaba ensalzar a las fuerzas armadas de ese país -con un presidente que reivindica vehementemente la dictadura militar (1964-1985).

Durante meses, la emblemática institución permaneció cerrada, con sus instalaciones sin ningún cuidado en absoluto, con el riesgo creciente de pérdida irreparable de patrimonio y de un desastre mayúsculo, como un incendio ―la Cinemateca Brasileira tiene depositada casi la totalidad de filmes en nitrato y acetato realizados en el país-. En 2016, esta asociación había sufrido un incendio generado por la autocombustión, potenciado por la falta de mantenimiento adecuado del material y de inversión en la infraestructura -se perdieron unos 200 rollos de películas-. En febrero del presente año un incendio destruyó 113.000 copias de DVDs. 

La prefeitura de San Pablo -”prefeitura” es el nombre que reciben en Brasil los gobiernos de las ciudades- otorgó ayuda monetaria a la Cinemateca a través de su fondo de fomento al cine y el audiovisual, pero apenas alcanzó para pagar cuentas vencidas de servicios y poco más -al momento de escribir estas líneas (3 de agosto de 2021) el gobierno federal debe unos tres millones de dólares a la gerencia de la Cinemateca Brasileira-. La prefeitura de San Pablo ofreció a la administración nacional gerenciar la Cinemateca: jamás obtuvieron respuesta por parte de los funcionarios de Bolsonaro.

El 29 de julio de 2021 la catástrofe anunciada ocurrió: aproximadamente a las seis de la tarde, un incendio se apoderó de los depósitos de la Cinemateca Brasileña. Con llamas de hasta seis metros, el fuego pudo ser controlado tras dos horas de labor por parte de unos 70 bomberos. Hasta el momento, no se sabe a ciencia cierta los daños causados, pero en esta dependencia -que se encuentra en un inmueble distinto, y en un barrio distinto, al de la sede principal de la Cinemateca- se encontraban resguardados unos 2000 rollos de películas y unas cuatro toneladas de toda la documentación de todos los organismos públicos brasileños de cinematografía existentes a lo largo de la historia, además de archivos personales de personajes sobresalientes como el cineasta Glauber Rocha. Todo indica que las pérdidas son casi totales.

Esta desidia hacia el patrimonio público cultural a partir de causas antropo-sociales también tuvo otro ejemplo en Brasil con el monumental incendio que en 2018 destruyó el Museo Nacional de Brasil y sus 200 años de historia. En solo 12 años, en este país diez instituciones culturales sufrieron incendios (contando la Cinemateca).

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El archivo es la fuente documental que nos ayuda a integrarnos como sociedad. El patrimonio, la información que contiene es fundamental para la democracia, la memoria y la transparencia. Su cuidado, protección, conservación y difusión es ―por distintos mandatos constitucionales y convenios internacionales― un deber ineludible para los funcionarios públicos de las distintas instancias gubernamentales ―nacionales, estatales, provinciales, municipales, locales―, aunque en la práctica no depare al burócrata político un gran incentivo en su carrera ―como sí lo son los festivales masivos, los grandes eventos internacionales o la inauguración de espacios culturales en barrios gentrificados de clase media alta.

Que haya funcionarios que sean puestos por dedo político, también es un atentado en contra de la preservación y el patrimonio: muchos esfuerzos de años ―y hasta décadas― se pueden perder para siempre en períodos cortos de tiempo, en instantes.

Esto implica violencia no solo en contra de los países en donde esas condiciones antropo-sociales preparan y detonan desastres, sino en contra de la humanidad, de su memoria, de sus derechos.

Por ello, se debe salvaguardar a los archivos no solo de desastres “naturales”, sino de los desastres provocados por causas antropo-sociales.

Los derechos humanos, sociales, ambientales y patrimoniales no deben estar supeditados a una supuesta “naturaleza” de desastres o del propio mercado, sino a una continua construcción y mejoramiento de la salud del tejido social de la humanidad.

Agosto 2021